martes, 5 de julio de 2011

Por Norman Rozenthal REDACCIÓN Z (1)


La Ciudad cuenta hace más de dos años con una ley "verde" orientada a la eliminación progresiva de rellenos sanitarios y su reemplazo por un programa de Basura Cero. Este plan fijó ambiciosas metas, como reducir un 30% de los desechos para 2010. Pero ya en 2008 los porteños generaron un 15% más de basura que el año anterior y para 2009 se espera una suba aun mayor.
Pero no sólo no se avanzó en la reducción de los residuos, también se interrumpieron programas para separar la basura, no se implementaron campañas de educación y concientización sobre la importancia de la separación de los residuos y no se construyó una estructura para que los porteños puedan sacar la basura en forma diferenciada.
En febrero de 2010 vencen los contratos firmados con las empresas recolectoras y, antes de que eso ocurra, está previsto que el ministro de Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad, Juan Pablo Piccardo, envíe una nueva ley macro a la Legislatura. Allí se deberá dar una discusión importante para que el plan pensado hace años no quede sólo en buenas intenciones.
La ley 1.854 de Basura Cero fue reglamentada en mayo de 2007. Allí se planteó por primera vez, tal como ocurría en otras ciudades, la adopción de medidas dirigidas a reducir la generación de residuos, su recuperación y reciclado, así como también la disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del fabricante sobre sus productos.
La ley ofrecía una solución integral al tratamiento de la basura a imagen y semejanza de lo que había ocurrido en la canadiense Oakville, la primera ciudad en implementar este sistema y que logró achicar un 50% el volumen de sus desechos.
En Buenos Aires estamos muy lejos de los logros canadienses. Se estima que cada porteño genera entre 500 gramos y un kilo de basura a diario, cifra emparentada con lo que ocurre en América Latina y el Caribe.
Según revela un informe conjunto del Instituto de Ingeniería Sanitaria (Fiuba) y el Ceamse sobre calidad de los residuos urbanos en Capital, entre los barrios que más generan basura figuran Puerto Madero y Retiro (1,190 y 1,052 kilos por habitante respectivamente). Mientras que los que menos producen son Nueva Pompeya (0,665) y Mataderos (0,705).
Al respecto, las ONG y agrupaciones ecologistas aseguran que para revertir esta situación, la plata que se gasta en resolver el tema de los residuos (tecnología, enterramiento) debería destinarse a campañas de promoción de menor generación de basura.
Mientras tanto, la Ciudad gasta el 7% de su Presupuesto en limpieza de calles y recolección de residuos: el Ministerio de Ambiente y Espacio Público destina a tal efecto $1.199,9 millones. Sobre este presupuesto, las empresas se llevan $940 millones: si se dividen por las metas físicas del programa actual -20.985 cuadras- cada cuadra limpia cuesta $44.800 al año o $144,5 por día. Las empresas se encargan de la limpieza y la recolección de residuos en cinco de las seis zonas en que se dividió la Ciudad. La sexta, correspondiente a los CGP 8 y 9, es la "zona testigo", que le permite al Gobierno saber cuánto le cuesta limpiar una cuadra. En esa comparación, cada calle que limpia el Ente de Higiene Urbana cuesta $47,6, es decir que las empresas cobran cerca de un 300 por ciento más.
Por otra parte, el plan Basura Cero fijó ambiciosas metas tomando como línea de base las 1.497.656 de toneladas de residuos enviados al Ceamse durante 2004. En 2010 se debía reducir un 30% de los desechos, un 50% en 2012 y un 75% en 2017. A poco de que termine 2009, el panorama resulta poco alentador, ya que la tendencia apunta al crecimiento y no a la reducción como pretendía el espíritu de la norma. Ya en 2008, según informa el Ceamse, se enviaron 1.884.460,2 toneladas a los rellenos, representando un 14,53% más del punto de partida. 
Hoy se genera más basura que antes. Así lo evidencia un documento que realizó la ex legisladora porteña Sandra Bergenfeld y especialista en políticas ambientales. Bergenfeld, hoy titular de la auditoría porteña, concluye que la norma terminó siendo una cuestión "programática" más que un "aporte operativo".

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